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La Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, tiene desde hoy, la tarea de analizar la iniciativa presentada por el diputado Erick Ivan Agundez Cervantes, que pretende establecer en la Constitución Estatal la prohibición en del maltrato animal, así como la obligación del Estado de garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y su cuidado.
El legislador de la bancada del Partido Verde, enfatizó que los animales son sujetos de protección jurídica, porque se les reconoce como seres sintientes y se les considera sujetos de derecho.
Lo anterior, implica que tienen derecho a vivir libres de maltrato y que el Estado debe protegerlos. Por ello, la legislación y las políticas deben evolucionar y adaptarse a medida que avanzamos en nuestra comprensión de los derechos de los animales.
Desde tribuna en la sesión ordinaria de este martes, Agundez Cervantes expresó su convicción de que el sistema normativo de Baja California Sur, debe ajustarse a la normativa actual tanto nacional como internacional, cumpliendo con los estándares de las mismas, reconociendo a los animales como sujetos de protección jurídica.
Desde esta óptica, se reconoce que los animales tienen intereses propios, que merecen ser tratados con dignidad y respeto, pues, a diferencia de los seres humanos, no tienen la capacidad de expresar sus necesidades o defender sus derechos, por lo que es nuestra responsabilidad actuar en su nombre.
Aludió que la reforma constitucional federal en materia de protección y cuidado animal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 02 de diciembre de 2024, modificó los artículos 3, 4 y 73 de nuestra carta magna, incorporando la protección animal como uno de los ejes temáticos de los planes y programas educativos, promoviendo la sensibilización en el ámbito escolar e introduce la prohibición constitucional del maltrato animal, colocando al Estado mexicano como garante de su protección, conservación y cuidado.
Reforma que representa un paso adelante en el reconocimiento de los animales no humanos como sujetos de protección jurídica, armonizando nuestro marco constitucional con los más altos estándares internacionales en materia de protección de derechos animales.
