Proponen reformas a la ley de los trabajadores para agilizar el pago de marcha a familiares

Los diputados Venustiano Pérez Sánchez y Sergio Guluarte Ceseña, presentaron iniciativa que busca reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, a fin de evitar largos y costosos juicios de declaración de beneficiarios, que los familiares de un trabajador fallecido tengan que hacer ante el Tribunal Burocrático para poder tramitar el pago de dicha prestación legal.

“Consideramos necesaria e importante la reforma, para facilitarle a los deudos del trabajador fallecido el acceso inmediato al pago de marcha, para garantizar que el fallecido tenga servicios funerarios dignos, y sus familiares tengan una ayuda económica en tanto gestionan sus derechos de pensión” manifestaron quienes suscriben la iniciativa.

Para tales efectos, puntualizaron establecer en la legislación no ser necesario iniciar un juicio o procedimiento contencioso ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios para recibir el pago de marcha, a menos que el trabajador no haya designado al o los beneficiarios. De modo que, los poderes del Estado y los ayuntamientos no podrán exceder de treinta días naturales para pagar dicha prestación, contados a partir de que el o los beneficiarios inicien el trámite ante el área competente.

Pérez Sánchez y Guluarte Ceseña, precisaron que la petición en comento fue una solicitud presentada por familiares de los trabajadores que fallecen en activo al Servicio de los Poderes del Estado y los Municipios, para exponer el largo trajinar para la prestación denominada, pago de marcha, la cual corresponde al pago de cuatro meses de remuneración bruta, para aligerar los gastos que se hacen por la defunción del trabajador y para que los deudos tengan un sostén económico durante el lapso que tramitan las pensiones de viudez o de orfandad en su caso. Mencionan los afectados que tienen que iniciar un juicio de declaración de beneficiarios ante el Tribunal Burocrático, el cual tarda un año para resolverse.