Necesario armonizar en BCS la Ley de Salud en materia de salud mental y adicciones: Eda María Palacios

Fue mediante un pronunciamiento que la Diputada Eda María Palacios Márquez expuso en tribuna que es necesario se haga un diagnóstico situacional de la salud mental y de las adicciones en Baja California Sur, y se analice fundamentalmente la cuestión presupuestal para la implementación a nivel local de las nuevas disposiciones federales tras la reforma a la Ley General de Salud.

En ese tenor señaló importante verificar si se tienen los recursos humanos, materiales y financieros para hacerle frente a la reforma federal, toda vez que en la Ley General de Salud se determinará que la atención de padecimientos psiquiátricos y de adicciones se realizará de manera ambulatoria, evitando al máximo el internamiento.

Para ello, la legisladora puntualizó ser necesaria la elaboración de un análisis al que deberá de invitarse a todas las instituciones, personas y agrupaciones involucradas en la atención de la salud mental y las adicciones, “máxime cuando nuestra entidad figura entre los estados que presentan mayor índice de enfermedad debido a trastornos mentales y del comportamiento, y que  la población de 18 a 34 años el porcentaje de consumo de drogas fue de 5.3%, por arriba de la media nacional de 5.0%”, precisó.

Palacios Márquez,  indicó que, dados los diversos cuestionamientos planteados por los propios habitantes del Distrito I, esperaran que las autoridades estatales se coordinen con la legislatura estatal a través de la Comisión de la Salud existente, para que se trabaje en un análisis para la armonización de esta reforma en salud mental y adicciones.

Cabe señalar que el pasado 16 de mayo de 2022, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, que contrario a lo que circulo en redes sociales, no instruye al cierre de los hospitales psiquiátricos y los centros de rehabilitación, pero sí prohíbe el internamiento forzado de los pacientes y obliga a las instituciones a garantizar el consentimiento informado sobre los tratamientos.