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El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado, a fin de ampliar la protección jurídica, fortalecer su dignidad y prevenir actos de violencia, abandono, abuso patrimonial o discriminación en su contra.
La asamblea aprobó el dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad, derivado de una iniciativa propuesta por el diputado Sergio Polanco Salaices.
La reforma incorpora a la ley la definición de violencia contra las personas adultas mayores y sus distintas manifestaciones, entre ellas la violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, institucional y otras formas análogas que puedan lesionar su dignidad, integridad, libertad o derechos.
Asimismo, fortalece las obligaciones de las instituciones públicas para brindar atención ágil, preferencial, eficiente, diferenciada y accesible, especialmente a quienes se encuentren en condiciones de mayor vulnerabilidad.
En materia familiar, se establece que el hecho de que una persona adulta mayor viva separada de su familia o permanezca en una institución de cuidado, no exime a sus familiares de la obligación de su protección, atención médica, alimentación, higiene, acompañamiento y necesidades psicoafectivas.
También se refuerza la protección de su patrimonio y certeza jurídica, al establecer medidas para evitar abusos, engaños o actos que afecten sus bienes, derechos o recursos económicos, garantizando que cualquier decisión relacionada con su patrimonio sea informada, libre y con pleno respeto a su autonomía.
La reforma contempla además que el Sistema DIF Estatal desarrolle programas de capacitación dirigidos a familiares y personas cuidadoras, a fin de que cuenten con los conocimientos necesarios para realizar adecuadamente tareas de cuidado domiciliario.
