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FALLO CONDENATORIO DE 10 AÑOS DE PRISIÓN CONTRA IMPUTADO POR DELITO VIOLACIÓN EN CIUDAD INSURGENTES
El lunes 01 del mes y año en curso la Procuraduría General de Justicia del Estado obtuvo del Juez de Control Especializado del Centro de Justicia en Ciudad Constitución, sentencia condenatoria de 10 años de prisión, contra Ricardo ¨N¨; mediante Procedimiento Abreviado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio
Lo anterior es resultado de un procedimiento que se inició por el delito de violación que tuvo lugar el 23 de noviembre del 2015, en la colonia Libertad, de Ciudad Insurgentes.
Por los hechos descritos en tiempo y forma el imputado fue vinculado pues el Juez de Control admitió los datos de prueba que proporcionó el Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad Sexual y la Familia y su Judicialización y decretar medida cautelar de prisión preventiva.
Luego de evaluar las pruebas aportadas por el Representante Social, bajo la causa penal CJ/16/2015, durante la audiencia que tuvo lugar el miércoles 01 del presente, el Juez de Control dictó fallo condenatorio en contra del acusado por el delito de violación, 10 años de prisión, un día de multa y el pago de tratamiento sicológico para la víctima.
El Agente del Ministerio Público llevó a cabo todas las diligencias de Ley previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, así como aportó todas las pruebas necesarias para obtener el procedimiento abreviado emitido por el Juez de Control en comento.
La Procuraduría General de Justicia del Estado realiza investigaciones profesionales, científicas y jurídicas, para atender el mandato de Ley y la instrucción del Titular del Ejecutivo de Baja California Sur, de realizar acciones que den certeza al estado de derecho y, con la obtención de esta resolución condenatoria, demuestra en los hechos, que cumple el compromiso de velar por los intereses de las víctimas u ofendidos y poner a las personas que trasgredan el orden jurídico a disposición de la autoridad correspondiente, con respeto a sus derechos humanos.
